¿HACIA DÓNDE VA AMÉRICA LATINA?

LOS PILARES DE UN MODELO SUTILMENTE AGRESIVO y DOMINANTE

Nota de Ana María Barbosa, publicada en la Edición Nº157 de Semanario "Acción Informativa" de Tacuarembó.*

Hemos escrito una serie de artículos en los cuales nuestra intención fue informar sobre algunos proyectos macro que involucran a varios países de nuestro continente y otros en los cuales estamos todos incluidos.

Nos estamos refiriendo al Proyecto IIRSA, también a la Comisión Bilateral que investiga el Acuífero Guaraní, en el mismo ámbito casi, el tema del cambio climático. Grandes temas, que involucran a toda la humanidad, no sólo a nuestro país o a nuestro continente. Pero los latinoamericanos estamos en el ojo del huracán, tenemos los recursos naturales, tenemos el agua y podemos hacer la propuesta alternativa para detener el deterioro del planeta, aún reversible en cuanto al cambio climático.

A partir de la segunda mitad del Siglo XX se sucedieron una serie de cambios en la economía mundial, el modelo de producción y desarrollo ha generado transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. En parte como causa y en parte consecuencia toman importancia los cambios espaciales y territoriales. Especialmente en nuestro continente van tomando importancia los cambios de infraestructura en transporte, comunicaciones y energía.

Estos cambios han surgido como respuesta al crecimiento progresivo de la demanda de los mercados de los países industrializados, que ante la insuficiencia de sus sistemas ambientales o de sus sistemas legislativos, planifican la extracción de los recursos naturales de nuestros territorios con la facilidad que le dan nuestros Estados o los gobiernos de turno, en una serie de acuerdos a veces a largo plazo, como en el caso de las papeleras en el Uruguay, que se arrastran de un gobierno a otro y comprometen irracionalmente los recursos del Estado.

Bajo un enumerado de buenas intenciones plasmadas en los objetivos teóricos de estos megaproyectos, hay algunas luces amarillas que nos dejan reflexionando, sobre todo en el sentido de quién se apropia de qué y dónde.

Por parte de la sociedad civil hay un desconocimiento enorme, la información es recortada y cuando menos nos imaginamos ya hicieron tal o cual carretera, tal o cual puerto o torre de comunicaciones. Hay toda una estrategia porque se va operando en forma aislada como que fueran proyectos independientes.

Por otro ladola sociedad se involucra ante la emergencia de falta de empleo más que otro motivo, entusiasmándose con la oferta laboral. Comienza a organizarse cuando percibe que estos puestos de trabajo no son constantes, que son muchas veces sub empleos o cuando comienzan a ver concretamente las agresiones ambientales o sobre su propia salud. Ahí comienza la etapa tardía de organización de la sociedad.

Por otro lado hay organizaciones ambientales o laborales que ante la impotencia se vuelven algo fundamentalistas y lejos de sumar voluntades, producen el efecto contrario; hay quienes teorizan e intelectualizan demasiado estos temas, o tal vez no, pero, en mi modesta opinión, cuando dejan de ser comprensibles para las mayorías es cuando estos grandes proyectos realmente avanzan y mada podemos hacer.

Necesitamos que la gente común, la que está llena de necesidades, empiece a comprender que las respuestas a corto plazo no sirven y que tenemos que afrontar las cosas de otra manera, a través de la organización, de la participación efectiva de quienes están en la primera línea.

Que la gente comprenda que necesitamos recomponer el sistema productivo del país, con identidad, en base a los verdaderos pilares de la economía nacional, que se ejerza presión social para que las políticas públicas se orienten en ese sentido y no tanto basándose en la inversión extranjera, sin desestimarla, pero no siendo la principal fuente de producción.

Parece haber amplio consenso entre muchas organizaciones de la sociedad civil, profesionales, expertos en desarrollo, académicos, gobernantes, expertos legales, con respecto a que el régimen jurídico internacional que regula las inversiones no está funcionando bien, que no ofrece garantías ni mecanismos justos de solución a las controversias, no tiene neutralidad ni objetividad.

Muchas de estas instituciones están abocadas a crear normas alternativas centradas en la responsabilidad de los inversionistas internacionales de cara a garantizar el desarrollo sustentable, aumentar la protección ambiental, mejorar las condiciones laborales y respetar los derechos humanos de las sociedades en la que invierten.

Existen fundamentalmente alternativas a todos estos modelos impuestos, por ejemplo, el gobierno boliviano ha propuesto un conjunto de medidas para un "Acuerdo de comercio Justo y Cooperación Productiva" con Estados Unidos y otros países, como forma de regular y recibir con beneplácito las inversiones y el comercio internacional. Sabemos que en el mes de diciembre se realizó, en ese marco, una reunión de los representantes de los países de Latino América en Uruguay, más precisamente en Punta del Este.

Por ejemplo, estas medidas tienden a la protección de la flora y de la fauna autóctonas, no permitiendo que las patenten laboratorios extranjeros; respecto a las inversiones preserva el derecho a exigir a los inversores extranjeros la transferencia de tecnologías y el uso de insumos y mano de obra locales, la otra novedad es que los litigios se resuelvan a través de la justicia nacional.

También en esta dirección viene la propuesta del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), ideada por el gobierno de Venezuela como alternativa ante la propuesta Estadounidense de Tratados de Libre Comercio (TLC). El ALBA también habilita a poner condiciones a los inversionistas extranjeros.

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable, con sede en Canadá, dirigió una iniciativa de consultas para desarrollar un conjunto de normas más equilibradas sobre inversiones. Esto supone una serie de normas internacionales laborales, ambientales y de derechos humanos, y que lleven adelante evaluaciones de los impactos sociales y ambientales de sus eventuales inversiones.

La violación de cualquiera de las obligaciones asumidas por los inversores podría ocasionarles la pérdida de su derecho; las disposiciones anticorrupción se aplicarían por igual a los inversionistas, al gobierno del país de origen del inversionista y al gobierno donde se realiza la inversión. Algunos países en desarrollo están estudiando seriamente esta propuesta para incorporarla a sus tratados bilaterales.

En fin, hay pruebas sólidas de que el sistema internacional actual de protección al inversionista extranjero ha investido de poderes excesivos a las empresas transnacionales, incluso hay casos demostrados de poderosas empresas que han explotado estas normas para socavar procesos democráticos, a costa de comunidades vulnerables, violando su soberanía.